Esta semana se estrena el documental 1973, un grito de corazón, firmado por Liliana Mazure, quien se transformó en noticia cuando suplantó a Jorge Álvarez al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y más cuando se publicó, en la página del INCAA, toda la información disponible respecto de subsidios y créditos otorgados a la producción nacional, incluyendo los controvertidos “Tercero J”. Éstos denominan al instrumento con el que el ente distribuía, de manera discrecional, dinero para coproducciones entre el Estado y privados con la sola firma del director. Dineros que están siendo investigados por la Justicia y motivaron el alejamiento de Álvarez.
La aparición de esa información en la página oficial fue estimulante. La propia Mazure admite que no pudo subirse con la celeridad que se hubiera deseado “porque no tenemos todos los expedientes; lo que logramos reconstruir de los 3º J proviene de lo que quedó en el Instituto, como pagos en administración. Si aparece otra documentación la vamos a actualizar; lo que publicamos es todo lo que hay”.
Mientras la Ley de Cine permanece sin cambios, la posibilidad de seguir otorgando esos dineros sin control existe. “Pero no vamos a dar más –explica Mazure–, porque además generaron una deuda muy grande: son contratos de coproducción firmados por el INCAA, compromiso del Estado. Hay pendientes setenta producciones que se deben terminar y que además implican una deuda de siete millones de pesos que hay que contabilizar en el presupuesto".
La aparición de esa información en la página oficial fue estimulante. La propia Mazure admite que no pudo subirse con la celeridad que se hubiera deseado “porque no tenemos todos los expedientes; lo que logramos reconstruir de los 3º J proviene de lo que quedó en el Instituto, como pagos en administración. Si aparece otra documentación la vamos a actualizar; lo que publicamos es todo lo que hay”.
Mientras la Ley de Cine permanece sin cambios, la posibilidad de seguir otorgando esos dineros sin control existe. “Pero no vamos a dar más –explica Mazure–, porque además generaron una deuda muy grande: son contratos de coproducción firmados por el INCAA, compromiso del Estado. Hay pendientes setenta producciones que se deben terminar y que además implican una deuda de siete millones de pesos que hay que contabilizar en el presupuesto".
